El documento señala que la ingerencia gubernamental amenaza la indepedencia editorial y el acceso ecuánime a la información. El estudio es titulado “El precio del silencio” y estudia casos de abusos en Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, Honduras, Perú y Uruguay, incluyendo el uso extendido de publicidad oficial para premiar o castigar coberturas periodísticas.
“Millones de pesos son utilizados por funcionarios públicos para tratar de comprar coberturas favorables, situación que empeora si tenemos en cuenta los bajos salarios y la falta de seguridad laboral por la que atraviesan muchos periodistas”, dijo Darian Pavli, uno de los autores del informe y asesor jurídico de Libertad de Expresión e Información de la Iniciativa Pro-Justicia de la Sociedad Abierta.Ver comunicado completo de interprensa.
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